"No Son Bromas": El Gobierno Avanza con el cobro a los padres por falsas amenazas de sus hijo/as a las escuelas. El Costo ronda entre $5 y $6 Millones por operativo

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un mecanismo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante amenazas e intimidaciones públicas en establecimientos educativos, hechos que en su mayoría fueron protagonizados por menores de edad, incluidos casos registrados en Villa Gobernador Gálvez.

La medida fue formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien instruyó a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar acciones administrativas y judiciales para el recupero de los gastos ocasionados al Estado. El proceso se llevará adelante en coordinación con la Fiscalía de Estado.

Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones por amenazas en escuelas en toda la provincia. De ese total, 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y otras 10 el día 21. Cada operativo implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo del despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

Las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieron identificar a varios responsables, todos menores de edad. En estos casos, el reclamo económico se dirigirá a los adultos responsables, conforme al protocolo vigente.

El procedimiento se inicia una vez identificados los autores, con un relevamiento detallado de los costos y la conformación de un expediente por cada caso. Luego, se emite una intimación formal de pago a los padres o tutores, quienes deberán responder en un plazo determinado. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado avanzará con acciones judiciales que podrían derivar en reclamos patrimoniales con intereses y costas adicionales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la gravedad de estas conductas y su impacto en el sistema de seguridad. “Cada intervención moviliza recursos críticos que dejan de estar disponibles para tareas de prevención. No se trata de bromas: son hechos que generan consecuencias reales”, señalaron fuentes oficiales. También advirtieron que, según la magnitud del operativo, los costos pueden superar los 6 millones de pesos.

Asimismo, aclararon que el recupero de estos gastos no constituye una sanción penal, sino un resarcimiento civil que el Estado reclama a los padres por las acciones de sus hijos menores, independientemente del avance de las causas judiciales.

Las autoridades insistieron en que este tipo de amenazas están tipificadas en el Código Penal y conllevan consecuencias tanto legales como económicas. En ese marco, hicieron un llamado a la responsabilidad de las familias y a un mayor acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, subrayando la necesidad de abordar estas situaciones con seriedad y conciencia sobre su impacto social.