Prisión preventiva por 4 meses por presunta estafa para los padres de Nicolás Ramírez: la defensa cuestionó la acusación y analiza apelar

M.D., de 48 años, y W.R., de 53, fueron imputados por presunta estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta. El juez Federico Rebola dictó prisión preventiva por cuatro meses. La investigación recién comienza y los hechos atribuidos por la Fiscalía aún no fueron probados, indicaron desde la defensa quien presentó elementos para cuestionar la acusación y analiza presentar un recurso de apelación.

Entre el lunes 28 y este martes 29 de septiembre se llevó adelante en la Sala 4 del Centro de Justicia Penal Rosario la audiencia imputativa contra M.D., de 48 años, y W.R., de 53, acusados por la Fiscalía de los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, en varios hechos y en concurso real, en calidad de coautores.

El juez de Primera Instancia Federico Rebola tuvo por formalizada la imputación y dispuso para ambos la prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi, quien expuso una serie de hechos que, según la investigación fiscal, habrían perjudicado económicamente a una mujer de 83 años.

Una investigación que recién comienza

Es importante señalar que los hechos descriptos durante la audiencia corresponden a la acusación presentada por la Fiscalía y todavía no fueron acreditados judicialmente.

La resolución de prisión preventiva constituye una medida cautelar dentro de un proceso penal y no determina la responsabilidad penal de los imputados. A partir de esta instancia comienza una etapa de investigación en la que deberán incorporarse, analizarse y eventualmente controvertirse las pruebas relacionadas con los hechos denunciados.

Los imputados mantienen, además, su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

La defensa cuestionó la acusación y la prisión preventiva

El abogado defensor Marcelo Opete cuestionó tanto la valoración de la prueba realizada por el juez como la existencia de los presupuestos necesarios para disponer la prisión preventiva.

Respecto de la probabilidad de autoría, Opete sostuvo que el análisis realizado por el magistrado fue erróneo y que no se tuvieron en cuenta elementos que, a criterio de la defensa, resultan relevantes para la investigación.

Entre ellos, mencionó la transferencia del vehículo de la denunciante a una tercera persona. Según planteó el abogado, esa persona no tendría contacto con los imputados, por lo que consideró que este elemento debe ser analizado al momento de establecer la vinculación de sus defendidos con la operación.

El defensor también cuestionó la interpretación de los movimientos bancarios señalados por la Fiscalía. En ese sentido, afirmó que no existe hasta el momento una pericia contable que permita establecer de manera técnica el origen, destino y eventual perjuicio de las operaciones mencionadas en la imputación.

La defensa negó que exista peligro de fuga

Opete también cuestionó la existencia de riesgo de fuga y sostuvo que sus defendidos tienen arraigo laboral y familiar.

Según explicó, ambos se desempeñan en el gerenciamiento de una empresa de remises, actividad que constituye uno de los elementos que, a criterio de la defensa, demuestra su arraigo y permanencia en la ciudad.

El abogado agregó que la pena en expectativa para los delitos investigados es, según su interpretación, baja y señaló que habitualmente en este tipo de investigaciones no se dispone prisión preventiva únicamente en función de la imputación.

“No existe entorpecimiento probatorio”, sostuvo la defensa

Otro de los argumentos planteados por Opete estuvo relacionado con el supuesto peligro de entorpecimiento de la investigación.

El defensor sostuvo que tampoco se configura ese riesgo porque los documentos centrales de la investigación ya se encuentran en poder de la Fiscalía.

En particular, señaló que los poderes que fueron firmados voluntariamente ya están incorporados a la causa, por lo que los imputados no tendrían posibilidad de modificar o hacer desaparecer esos documentos.

También sostuvo que las transferencias bancarias y los movimientos realizados en las cuentas tienen registros, por lo que, a criterio de la defensa, no existiría posibilidad de alterar esa información.

Respecto de la denunciante, Opete señaló que actualmente se encuentra bajo el cuidado del personal del geriátrico donde permanece alojada.

El abogado también cuestionó la posibilidad de que los imputados puedan influir sobre otros testigos. Según manifestó, de varias de esas personas ni siquiera se conocen sus domicilios o las localidades en las que viven, por lo que consideró que resulta difícil sostener que puedan ser amedrentadas o influenciadas por sus defendidos.

La defensa analiza apelar

Luego de la resolución que dispuso cuatro meses de prisión preventiva efectiva, Opete manifestó que la defensa analiza la presentación de un recurso de apelación.

De concretarse, la decisión sobre la medida cautelar será revisada por un tribunal de segunda instancia.

Los argumentos planteados por la defensa forman parte de la controversia procesal y deberán ser evaluados junto con los elementos que presente la Fiscalía durante el avance de la investigación.

La investigación no involucra al concejal Nicolás Ramírez

Desde la defensa y Fiscalía se aclara que el concejal y presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, no está imputado ni forma parte de esta investigación.

La causa judicial alcanza a M.D. y W.R., quienes son sus padres, según surge de la información relacionada con la audiencia.

Por lo tanto, cualquier referencia al vínculo familiar no debe interpretarse como una imputación o participación del concejal en los hechos investigados; indicaron.

Qué sostiene la Fiscalía

De acuerdo con la acusación presentada durante la audiencia, la fiscal Brindisi atribuyó a los imputados haber perjudicado patrimonialmente a una mujer de 83 años con quien habrían establecido una relación de confianza desde principios de 2023.

Según la hipótesis fiscal, los imputados habrían utilizado progresivamente esa relación para inducir a la mujer a tomar determinadas decisiones patrimoniales.

Entre las situaciones mencionadas se encuentra el supuesto control de las llaves de la vivienda, el ingreso de dos cuidadores allegados a los acusados y el manejo de tarjetas bancarias pertenecientes a la víctima.

También se investigan operaciones vinculadas con un automóvil Renault Sandero, cuya titularidad habría sido transferida a una tercera persona el 4 de enero de 2024.

El poder para administrar bienes

Otro de los puntos centrales de la acusación está relacionado con un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes, firmado el 3 de abril de 2024 ante una escribana pública.

La Fiscalía sostiene que la mujer habría sido inducida a firmar el documento bajo el argumento de que era necesario para cuestiones relacionadas con su cuidado e internación, sin conocer —según la acusación— el alcance de las facultades otorgadas.

A partir de ese poder, la Fiscalía investiga distintas operaciones realizadas sobre el patrimonio de la mujer.

La defensa, en tanto, cuestiona la interpretación fiscal de estos hechos y presentó elementos que considera capaces de controvertir las imputaciones.

El inmueble de Villa Gobernador Gálvez

Entre los hechos investigados se encuentra la rescisión, el 17 de abril de 2024, del contrato de alquiler de un inmueble que la mujer tenía en Villa Gobernador Gálvez.

Según la acusación, W.R. habría rescindido el contrato mediante una inmobiliaria y posteriormente habría permitido el ingreso de su hijo al inmueble.

La Fiscalía también investiga el destino de las pertenencias de la mujer, quien posteriormente fue trasladada a distintas residencias para adultos mayores, primero en Alvear y luego en Rosario.

La acusación sostiene que determinados bienes y efectos personales habrían sido retirados del inmueble y que no se habría explicado suficientemente su destino.

Estos extremos forman parte de la investigación y deberán ser acreditados durante el proceso.

Movimientos bancarios bajo investigación

La Fiscalía también expuso durante la audiencia movimientos realizados sobre las cuentas de la mujer.

Según la acusación, en enero de 2024 la víctima tenía aproximadamente $400.000 en su caja de ahorro, mientras que al 31 de agosto de 2026 el saldo habría descendido a aproximadamente $1.500.

La investigación busca determinar el destino de los fondos y si las operaciones realizadas respondieron a las necesidades de la mujer o beneficiaron a terceras personas.

También se analizaron compras realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, el cobro de haberes previsionales y otros ingresos vinculados con un campo ubicado en Piamonte.

Créditos por $5,4 millones

La Fiscalía atribuyó además a los imputados la utilización de facultades derivadas del poder para gestionar créditos a nombre de la mujer.

Los préstamos mencionados durante la audiencia fueron:

• Julio de 2024: $2.000.000.

• Enero de 2025: $1.650.000.

• Agosto de 2025: $1.450.000.

• Diciembre de 2025: $310.000.

El total señalado por la Fiscalía asciende a $5.410.000.

Uno de los ejemplos mencionados corresponde a un préstamo de $1.450.000 acreditado el 25 de agosto de 2025. Según la acusación, al día siguiente se habría transferido $1.407.000 a un hombre que, de acuerdo con la Fiscalía, sería desconocido para la víctima.

La investigación deberá establecer el destino de esos fondos y las circunstancias en las que fueron realizadas las operaciones.

Transferencias a terceras personas

Otro de los puntos investigados corresponde a distintas transferencias bancarias realizadas durante 2024, 2025 y 2026.

Según la acusación, uno de los destinatarios habría recibido 14 transferencias por un total de $7.180.000.

La Fiscalía también detalló pagos efectuados a las residencias para adultos mayores donde permaneció alojada la mujer: aproximadamente $2 millones correspondientes al establecimiento de Alvear y unos $5,8 millones destinados al establecimiento de Rosario durante cinco meses de 2026.

Una transferencia en dólares

La acusación incluye además una transferencia realizada desde la caja de ahorro en dólares de la víctima a un hombre que, según la Fiscalía, sería desconocido para ella, por un monto de 8.000 dólares.

Este movimiento forma parte de las operaciones patrimoniales que serán materia de investigación.

La causa continúa

Con la audiencia realizada este lunes y martes, la Justicia formalizó la investigación contra M.D. y W.R. y dispuso la prisión preventiva por cuatro meses.

La imputación no implica que los hechos estén probados. La Fiscalía deberá avanzar en la investigación y reunir los elementos que permitan sostener o modificar su hipótesis, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de presentar pruebas y cuestionar las acusaciones.

En ese marco, la defensa sostiene que existen elementos para controvertir la acusación, cuestiona la valoración de la prueba realizada para disponer la prisión preventiva y analiza recurrir la resolución mediante un recurso de apelación.

Mientras el proceso continúa, rige para ambos imputados el principio de inocencia.

La causa tampoco involucra al concejal Nicolás Ramírez, quien no está imputado en este expediente. La investigación judicial alcanza a sus padres, M.D. y W.R.