Allanaron la casa de los padres de Nicolás Ramírez por una denuncia de una presunta estafa

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento durante las primeras horas de este jueves en un domicilio de avenida Avellaneda al 2200. Un hombre de 53 años y una mujer de 47 fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía. El concejal Nicolás Ramírez sostuvo que se trata de “una movida política mediática”.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante este jueves un allanamiento en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia vinculada con la situación personal y patrimonial de una mujer adulta mayor. El procedimiento se realizó en un domicilio de avenida Avellaneda al 2200 y derivó en el traslado de un hombre de 53 años y una mujer de 47, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Según informó la PDI, la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la propia mujer el 30 de octubre de 2025 a través de la Línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas. La causa tramita ante la Unidad Fiscal de Investigación Estratégica del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi.

La pesquisa comenzó a partir de la sospecha de que la mujer podría encontrarse alojada en un geriátrico contra su voluntad y de que terceras personas estarían percibiendo distintos ingresos económicos vinculados a ella, entre ellos una jubilación, dos pensiones por viudez y el arrendamiento de un campo ubicado en la localidad de Piamonte.

De acuerdo con la información difundida por la PDI, durante las tareas investigativas se entrevistó a la responsable del geriátrico donde se encontraba alojada la mujer, además de recabarse testimonios y documentación vinculada con su situación personal y patrimonial.

La mujer habría manifestado que, mediante engaños, fue inducida a firmar documentación relacionada con el cobro de sus prestaciones económicas, propiedades rurales y la transferencia de un automóvil Renault Sandero de su propiedad.

En relación con su estado de salud, la investigación incorporó una evaluación realizada por un médico psiquiatra de PAMI, quien informó que la mujer se encontraba lúcida y ubicada en tiempo y espacio al momento de la evaluación.

Qué secuestró la PDI

A partir de las medidas investigativas, los investigadores obtuvieron información sobre la transferencia del vehículo y el cobro de las prestaciones económicas de la mujer por parte de personas que actuaban como apoderadas.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para un domicilio de Villa Gobernador Gálvez con el objetivo de secuestrar documentación, teléfonos celulares y el vehículo mencionado en la investigación.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un poder general firmado por la mujer a favor de los investigados, documentación personal, tarjetas de crédito y de PAMI, dos teléfonos celulares y un Renault Sandero.

La PDI informó que un hombre de 53 años y una mujer de 47 fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía para continuar con las actuaciones y las consultas judiciales correspondientes. La investigación continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación Estratégica, con el objetivo de determinar qué ocurrió y las eventuales responsabilidades.

La respuesta de Nicolás Ramírez

El procedimiento generó repercusión política en Villa Gobernador Gálvez debido a que las personas trasladadas serían los padres del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Ramírez.

El concejal salió a cuestionar públicamente la situación y sostuvo que las acusaciones contra sus padres son falsas.

“Es una movida política mediática que se estará comprobando”, expresó Ramírez, quien además aseguró que se busca instalar una mentira en su contra.

El dirigente vinculó el episodio con el escenario político local y consideró que se trata de una maniobra destinada a generar repercusión en su contra. “Las acusaciones son falsas”, afirmó.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales sobre las personas trasladadas. La Fiscalía deberá avanzar con las medidas correspondientes para establecer las circunstancias denunciadas.