Los diputados Esteban Lenci, Juan Cruz Candido y las diputadas Rosana Bellati y Lionela Cattalini del bloque Frente Progresista, Civico y Social realizaron una denuncia penal en el Centro de Justicia Penal de Rosario por irregularidades en el proceso de Licitación para la compra de armamentos para seguridad provincial, la licitación era para la compra de 12.272 armas por un valor de 1.400 millones de pesos.

Lenci señaló que “si bien la licitación fue suspendida” piden que se investigue si hubo intención de beneficiar con la licitación a una empresa especifica y que fue señalado por otras empresas que quedaron afuera del pliego.

“Las irregularidades del pliego licitatorio parten de que todos los tipos de armas estaban agrupados en un único renglón, en lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por subametralladoras, etc., en forma individual (lo cual hubiera posibilitado obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar a todo o nada”, denunciaron los diputados que hicieron la presentación el pasado 05 de marzo.

“Sólo podían presentarse las empresas que comercializaban todos los ítems, perjudicando a las que sólo fabrican un tipo de armamento”; expresó el diputado villagalvense.

Es por esto que Lencia planteó varios interrogantes: “¿Cuáles son las razones técnicas para englobar distintos tipos de armas bajo un supuesto sistema único? ¿Hay motivos serios, además de una mera simetría para que todas las armas sean de la misma marca? ¿Cómo se controla y evita que existan sobreprecios en determinados rubros?”.

Cabe señalar que el propio Ministerio de Economía provincial pidió suspender el proceso licitatorio, a lo que se sumó luego la orden judicial de la Cámara Nº1 en lo Contencioso Administrativo, que el pasado 4 de febrero dio la razón a la empresa Bersa S. A., que se declaró damnificada al no poder participar de los pliegos porque es fabricante de pistolas pero no de armas largas. 

“El pliego planteaba como un único renglón la compra de 12.000 pistolas, 130 fusiles de asalto, 130 ametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos y 6 fusiles para francotiradores, para lo cual hay una sola empresa que proveería todas esas armas, una intermediaria. Es inevitable que todo el proceso resulte sospechoso”, detallaron los legisladores.

Mediante la denuncia presentada se pidió que se investiguen los posibles delitos de “fraude a la administración pública en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.