Los diputados Esteban Lenci, Juan Cruz Candido
y las diputadas Rosana Bellati y Lionela Cattalini del bloque Frente
Progresista, Civico y Social realizaron una denuncia penal en el Centro de Justicia
Penal de Rosario por irregularidades en el proceso de Licitación para la compra
de armamentos para seguridad provincial, la licitación era para la compra de
12.272 armas por un valor de 1.400 millones de pesos.
Lenci señaló que “si bien la licitación fue
suspendida” piden que se investigue si hubo intención de beneficiar con la licitación
a una empresa especifica y que fue señalado por otras empresas que quedaron
afuera del pliego.
“Las irregularidades del pliego licitatorio
parten de que todos los tipos de armas estaban agrupados en un único renglón,
en lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por
subametralladoras, etc., en forma individual (lo cual hubiera posibilitado
obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar a todo o
nada”, denunciaron los diputados que hicieron la presentación el pasado 05 de
marzo.
“Sólo podían presentarse las empresas que
comercializaban todos los ítems, perjudicando a las que sólo fabrican un tipo
de armamento”; expresó el diputado villagalvense.
Es por esto que Lencia planteó varios interrogantes:
“¿Cuáles son las razones técnicas para englobar distintos tipos de armas bajo
un supuesto sistema único? ¿Hay motivos serios, además de una mera simetría
para que todas las armas sean de la misma marca? ¿Cómo se controla y evita que
existan sobreprecios en determinados rubros?”.
Cabe señalar que el propio Ministerio de
Economía provincial pidió suspender el proceso licitatorio, a lo que se sumó
luego la orden judicial de la Cámara Nº1 en lo Contencioso Administrativo, que
el pasado 4 de febrero dio la razón a la empresa Bersa S. A., que se declaró
damnificada al no poder participar de los pliegos porque es fabricante de
pistolas pero no de armas largas.
“El pliego planteaba como un único renglón
la compra de 12.000 pistolas, 130 fusiles de asalto, 130 ametralladoras, 6
fusiles semiautomáticos y 6 fusiles para francotiradores, para lo cual hay una
sola empresa que proveería todas esas armas, una intermediaria. Es inevitable
que todo el proceso resulte sospechoso”, detallaron los legisladores.
Mediante la denuncia presentada se pidió
que se investiguen los posibles delitos de “fraude a la administración pública
en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público”.
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